Referencial
Portabilidad numérica, ¿qué es y para qué sirve?
La iniciativa no es novedosa en los países de la región y la experiencia para el usuario es sencilla, y gratuita.
De ser aprobada la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes en la Asamblea Nacional, se otorgaría el derecho a los usuarios conservar el número de teléfono celular que le fue asignado por una empresa de telefonía al renunciar a esta, explican defensores de los consumidores.
Rubén Arriola, director de la Consultoría del Gestor al Consumidor (CGC), explicó que la portabilidad numérica consiste en que tu número de teléfono celular es de por vida, sin necesidad de cambiar de chip o compañía.
Esta iniciativa no es novedosa en los países de la región y la experiencia para el usuario es sencilla y gratuita. La única condición es que el usuario no tenga pagos pendientes con la compañía que quiere abandonar.
La portabilidad numérica también permitiría a los usuarios, tener diversidad de promociones y descuentos, puesto que los operadores se verían obligados a desarrollar planes para ganar nuevos clientes.
“Esto significa ahorro para los usuarios, porque incluso podrían reducirse los costos de llamadas a otra red y las empresas que ofrecen el servicio tendrán mejores oportunidades de crecimiento y expansión, pero es necesario que Nicaragua se actualice con este tipo de iniciativas” mencionó Arriola.
Usuarios beneficiados
En esa línea, coincidió Marvin Pomares, director del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (Indec), tras alegar que de aprobarse esta propuesta de ley, los usuarios se verían beneficiados, pues administrarían su propio número telefónico.
“Los ciudadanos siempre han querido este tipo de servicios, porque desde hace mucho tiempo han venido reclamando la necesidad de ser dueños de sus propios números de celular, ya que, en otros países, realmente el propietario del chip es el usuario, no la compañía”, sostuvo.
Sin embargo, implementar este servicio en el país tiene un costo que todavía se desconoce quién lo asumirá. Por lo general, de acuerdo a los expertos, lo paga el Estado.
La iniciativa de ley fue remitida a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional para su consulta y debido dictamen, el pasado 12 de marzo de 2024.
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