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Proponen más seguimiento a beneficiados con suspensión penal
En muchos casos la evaluación psicológica no cumple con los tiempos necesarios y los exámenes adecuados, dice psiquiatra.
El sistema de justicia de Nicaragua requiere reforzar sus mecanismos de vigilancia y seguimiento en los casos de personas que han sido procesadas por delitos cuyas condenas no superen los cinco años y que han sido beneficiadas con la suspensión condicional de la persecución penal, sugiere un abogado y una psiquiatra.
La recomendación de ambos expertos surge días después de que trascendiera el caso de Bayardo Jesús Morales Osorio, de 44 años, quien antes de suicidarse, privó de la vida a su ex pareja y la hija de ambos de 13 años de edad en Villa Reconciliación en Managua, el pasado fin de semana.
A inicios de este año, Morales había sido beneficiado con el principio de oportunidad con una suspensión condicional de la persecución penal, luego que admitió ser culpable de los delitos de intimidación y amenazas en contra de su expareja.
Orden de alejamiento y terapias
Harold Leal, juez Cuarto Especializado en Violencia de Managua, le impuso a Morales una orden de alejamiento y asistir a terapia cognitiva conductual en un Centro de Adicciones del Ministerio de Salud (Minsa) para tratar sus problemas de actitud violenta, las que finalmente no cumplió.
El abogado, Víctor Somarriba explica que este principio de oportunidad, como el que se le dio a Morales, permite a quien ya haya aceptado los cargos en su contra, cumplir durante un determinado tiempo con una serie de procesos que le ayuden a cambiar su conducta delictiva.
Se requiere custodia permanente
Una de las sugerencias que hace Somarriba según su experiencia litigando, es antes de otorgar este principio de oportunidad lo ideal es que el Comité Interdisciplinario del Juzgado realice un estudio psicológico o psiquiátrico, además de asignarle un custodio que vigile a la persona, con el propósito que cumpla con las disposiciones que le ordenó el juez para su rehabilitación.
“Se le tiene que solicitar el juez que haga un estudio socioeconómico es decir que vaya a la casa de habitación de donde habitaba la pareja entreviste a los vecinos, esto es muy importante, porque allí el trabajador o la trabajadora social va a hacer esa investigación, van a determinar, por un lado, si la persona que está siendo acusada es en realidad peligrosa", detalla.
“Se le debe asignar un agente oficial de custodia para el acusado, quien esté fiscalizando si está cumpliendo con todos los compromisos, que en la mayoría de casos son que el agresor abandone inmediatamente el lugar donde vivía con la víctima, que no se le acerquen ni a 10 metros a la víctima, ni a su trabajo, ni le hable por medio de terceras personas”, añade.
Período de prueba debe durar un año o más
La psiquiatra Gioconda Cajina afirma que en muchos casos la evaluación psicológica no cumple con los tiempos necesarios y los exámenes adecuados.
“Ese periodo de prueba mínimo debe durar un año, bajo el tratamiento correspondiente, bajo la toma de coincidencia de lo que padece y si se llega a un estudio de la personalidad, y se comprueba que tiene una personalidad patológica, pues sencillamente no se le suelta, porque es un peligro no solamente para su familia, sino para el resto”, reiteró.
La psiquiatra insiste que en estos casos se requiere de una intervención social en la comunidad, que permita hacer entender a vecinos que si la persona que está a prueba incumplen, ellos pueden denunciarlo también.
