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Investigación revela abuso en caso de niña que murió electrocutada en Chinandega
La Policía Nacional inició una investigación en la que se vincula al padre biológico.
Una bebé de apenas 18 meses de edad, falleció el pasado 4 de julio tras recibir una descarga eléctrica al hacer contacto con un cable defectuoso de un abanico en su vivienda, ubicada en Chinandega. Sin embargo, los resultados de la autopsia revelaron algo aún más alarmante, ya que la menor también presentaba signos de haber sido víctima de abuso sexual.
De acuerdo con las autoridades, el padre biológico de la niña (quien se encontraba a cargo de su cuidado mientras la madre trabajaba en Guatemala) confesó haber cometido el delito.
Ahora, enfrenta cargos por abuso sexual y exposición de personas al peligro, por lo que podría enfrentar hasta 30 años de prisión, según indicó Karla Nicaragua, representante legal de la Asociación Quincho Barrilete.
Si se confirma abuso sexual (entendido como tocamientos, exhibicionismo u otro tipo de contacto sexual sin llegar a acceso carnal), podría ser condenado con 12 años de prisión, según Nicaragua.
Si el dictamen médico establece que hubo acceso carnal, el delito cambia a violación, y la pena podría ascender a 20 años o más, dado que se trata de una víctima especialmente vulnerable.
Adicionalmente, por el fallecimiento de la menor en condiciones de riesgo, el padre también podría ser acusado por el delito de exposición de personas al peligro, que se configura cuando un niño o niña es dejado en un entorno inseguro, con conocimiento del peligro.
Esto podría sumar de 5 a 10 años más, dependiendo de cómo lo califique el juzgado.
En situación vulnerable
“La niña tenía 18 meses, ni siquiera había cumplido los dos años. Por la corta edad, es posible que los hallazgos forenses no correspondan al tipo penal de violación, sino a abuso sexual”, explicó Nicaragua.
“Sea cual sea el caso, existe una clara vulneración a la integridad física y emocional de esta bebé. Hablamos de una agresión cometida por quien debía protegerla”.
La representante destacó que, según el Código Penal nicaragüense, el abuso sexual cometido contra un menor de edad (especialmente si existe una relación de autoridad o dependencia, como en este caso) conlleva penas agravadas.
“Estamos ante una situación donde el agresor no solo tenía la custodia de la niña, sino que era su propio padre. Es una traición a la confianza depositada en él, por eso la ley contempla penas más severas”, señaló.
Además del abuso, la causa de muerte de la niña también refleja un entorno de alto riesgo y negligencia. El accidente ocurrió cuando la menor tocó un cable expuesto, lo demuestra la falta de condiciones seguras en su entorno.
“Esta muerte también responde a una falta de tutela”, enfatizó Nicaragua. “Una niña tan pequeña no debe estar expuesta a esos peligros, y menos sin una red de apoyo adecuada. Si bien el padre es el principal responsable, también debemos reflexionar sobre la necesidad de contar con un entorno de protección real, especialmente cuando un solo adulto está al frente del cuido total de un niño”.
Finalmente, la jurista hizo un llamado a las familias nicaragüenses a no descuidar el bienestar de los menores por razones económicas o laborales.
“Sabemos que muchas madres migran por necesidad, pero es vital asegurarse de que quienes quedan a cargo de sus hijos tengan la capacidad y el compromiso real de protegerlos. Nuestros hijos deben ser siempre nuestra prioridad”, concluyó.
