¿Quiénes son los nicaragüenses que podrían acceder al proyecto dignidad?

De aprobarse la Ley Dignidad que fue presentada esta semana ante el Congreso de Estados Unidos (EE.UU.), unos 300 mil nicaragüenses en situación migratoria irregular podrían ser beneficiados con esta normativa que les permitiría quedarse en ese país bajo un estatus temporal.

Estos datos son obtenidos de cifras que han sido presentadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Departamento de Seguridad Nacional y censos nacionales.

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No obstante, para calificar, los migrantes deben cumplir con ciertos requisitos, detalla Rommel López, abogado experto en temas migratorios.

"Hablamos de personas con órdenes de deportación, solicitantes de asilo, familias mezcladas y quienes han vivido por años contribuyendo al país, todos ellos podrán acceder", indica.

El estatus que otorgaría la ley no sería gratuito, puesto que los migrantes tendrían que pagar siete mil dólares durante siete años.

“Esos 7 mil dólares por persona los pueden pagar en cuotas, deben mantener empleo o estudios activos, presentarse a revisiones cada 2 años, no recibir ningún beneficio federal, contratar su propio seguro médico y estudiar inglés, a cambio tendrán protección contra la deportación, permiso de trabajo y autorización de viaje”, agrega.

Principales beneficiados

Uno de los principales grupos beneficiados serían los migrantes que ingresaron jóvenes bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), los únicos que podrían obtener una residencia de 10 años y luego una permanente, señala Lorena Vargas, abogada experta en migratorios.

“Recibirán esa residencia definitiva si cumplen con todos los requisitos, por supuesto que los DACAS tienen que haber llegado antes de cumplir 16 años de edad, tienen que haber recidido permanentemente en los EE.UU. desde el 15 de junio del 2007, no tener delitos graves y ni récord criminal”, asevera.

Los 4,250 nicaragüenses que llegaron al país norteamericano entre 1998 y 1999, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) también podrían ser parte de este programa, según Vargas.

“Esta es una figura que debe ser aprovechada por ellos, porque el juicio en busca de frenar la cancelación del TPS les puede durar más tiempo que la aprobación de esta normativa”, sugiere.

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Esta iniciativa primero debe ser aprobada por las dos cámaras del Congreso, luego pasará a manos del presidente Donald Trump para su firma, y posteriormente regresará al Congreso para su ratificación final, un proceso que no tiene un tiempo definido.