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¿Qué responsabilidad legal tienen los padres de menores de edad que cometen robos?
Uno de los incidentes más recientes tuvo lugar en una tienda de origen chino en Managua.
En las últimas semanas, las redes sociales se han llenado de videos que evidencian a niños y adolescentes involucrados en actos delictivos, especialmente hurtos en tiendas y supermercados de diferentes puntos de Nicaragua.
Este fenómeno ha encendido el debate en comentarios de redes sociales sobre la responsabilidad legal de los padres y los vacíos en la legislación que, según expertos, podrían estar siendo aprovechados por algunos adultos para utilizar a menores como instrumentos de delito.
Uno de los incidentes más recientes tuvo lugar en una tienda de origen chino cercana al mercado Roberto Huembes en Managua, donde se una joven fue interceptada por la propietaria del local tras sospechas de hurto. Al revisarla, se le encontraron varios productos escondidos entre sus pertenencias.
En otro suceso ocurrido en Rivas, una adolescente fue perseguida por trabajadoras de un supermercado tras ser descubierta hurtando productos; la interceptaron en plena calle.
Esta ocultaba productos como cremas, desodorantes e incluso rollos de papel higiénico entre sus prendas de vestir.
En las imágenes del video viralizado se aprecia el momento en que le son retirados varios de estos artículos. Tras ser descubierta, la implicada reaccionó de manera agresiva, lanzando golpes, patadas y piedras contra las trabajadoras.
¿Padres son colaboradores?
Mientras tanto, en Tipitapa, se difundió el video donde una madre aparentemente instruye a su hijo a sustraer un bolso tipo canguro en una tienda china.
El abogado penalista Noel Cano señaló que existe una percepción generalizada de que cada vez más menores están implicados en delitos, debido a la garantía legal que los protege, ya que, incluso en los casos más graves, la sanción máxima para adolescentes es de seis años de internamiento.
“Lo que ocurre es que esa protección legal especializada, al no imponer castigos severos, ha generado la creencia de que estos menores tienen una especie de ‘licencia’ para delinquir”, expresó Cano.
El especialista explicó que, según el Código de la Niñez y la Adolescencia, los adolescentes entre 15 y 18 años pueden ser juzgados por la vía especializada, pero con penas reducidas.
Además, al cumplir la mitad de la condena, tienen derecho a beneficios como suspensión o liquidación de pena. “Aunque la ley lo permita, este sistema se ha vuelto objeto de críticas sociales porque parece no ser un disuasivo efectivo”, apuntó.
¿Padres pueden ser procesados?
Pero ¿qué ocurre con los adultos que inducen a los menores a cometer delitos? En esos casos, la ley sí contempla responsabilidad penal. Cano detalló que, si se comprueba que un padre, madre u otro tutor planeó, instigó o facilitó el delito cometido por un menor, puede ser procesado como autor intelectual, enfrentando incluso penas que podrían superar los 15 años, dependiendo del delito.
Por su parte, el abogado experto en derecho de familia, Víctor Somarriba, indicó que la protección legal de la infancia no significa impunidad.
“Los menores de 13 años son inimputables, es decir, no pueden ser procesados penalmente, pero eso no significa que no se tomen medidas. Si un tutor es quien los usa para delinquir, si puede ser juzgado por delitos como corrupción de menores o explotación infantil”, precisó.
En estos escenarios, el Ministerio de la Familia tiene un papel crucial. Si se determina que un menor vive en un entorno riesgoso o está siendo instrumentalizado para delinquir, esta entidad puede intervenir y reubicar al niño en un hogar alternativo o en un centro especializado, mientras se realiza un proceso de evaluación psicosocial.
Ambos juristas coinciden en que, aunque los niños estén exentos de responsabilidad penal, sus actos sí generan repercusiones legales para sus representantes legales. Las víctimas, como los propietarios de los negocios afectados, tienen derecho a exigir una indemnización a los padres o tutores por los daños ocasionados.
En palabras de Somarriba, “si no se actúa a tiempo, lo que hoy parece un simple robo puede convertirse mañana en un historial delictivo que marque de forma irreversible la vida de un niño y la de su familia”.
