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Ley pondría en riesgo empleos en call centers
Es clave fortalecer las oportunidades de autoempleo y emprendimiento, dice la CST.
El proyecto bipartidista denominado “Ley para mantener los centros de llamadas en Estados Unidos de 2025”, presentado por el senado de Estados Unidos, y que busca que las empresas de call centers regresen a territorio estadounidense, ha generado preocupación en la clase trabajadora nicaragüense, tomando en cuenta que en este país operan más de 15 compañías de este tipo que generan empleos a más de 15 mil personas, en su mayoría bilingües con salarios que superan los 600 dólares mensuales, según la Central Sandinista de Trabajadores (CST).
Pedro Ortega, secretario general de la CST, recordó que estos centros de atención brindan servicios tercerizados, no solo a empresas y hospitales de Estados Unidos, sino también a países europeos como España y Dinamarca.
“No todos los call centers trabajan exclusivamente para el mercado estadounidense, hay empresas que atienden a clientes de todo el mundo”, subrayó.
En su análisis, consideró que muchas de las compañías que migraron de Estados Unidos difícilmente volverán, incluso si la ley es aprobada.
“Aquí en Nicaragua hay mano de obra calificada, ingenieros que trabajan para Microsoft, especialistas en soporte técnico y campañas publicitarias, así que existe un mercado laboral capaz de adaptarse”, afirmó.
Opciones para fortalecer
El dirigente señaló que, ante cualquier escenario, es clave fortalecer las oportunidades de autoempleo y emprendimiento, resaltando que el gobierno impulsa proyectos de capacitación, financiamiento y formación para trabajadores bilingües y profesionales en áreas tecnológicas.
“Si por alguna razón un call center cerrara, aquí hay opciones para que esas capacidades se aprovechen en el mercado nacional”, apuntó.
Cabe destacar que, el proyecto de ley crea multas para empresas que se vayan de la unión americana, e incentivos para que se queden.
La iniciativa también propone que esas compañías no sean elegibles para recibir subvenciones federales o préstamos garantizados. También, exigir que divulguen la ubicación física de los agentes comerciales que participan en comunicaciones de servicio al cliente. Deberán seguir en esa lista aquellos que, pese a todo, decidan mantener sus operaciones en el extranjero.
