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Judicialización de casos ayudaría a reducir conexiones eléctricas ilegales, dicen expertos
Recomiendan intensificar campañas en los barrios donde persiste este problema.
La problemática de las conexiones eléctricas ilegales en Nicaragua podría reducirse con la judicialización de estos casos y una mayor promoción del trámite para obtener el servicio de forma legal, coinciden un abogado y un experto en higiene y seguridad ocupacional.
El abogado Kenneth Hernández, explica que actualmente no hay datos específicos de cuantas personas han sido judicializadas por este delito, que está contemplado de uno a tres de cárcel, según el Código Penal.
“Sí está sancionado por la ley antifraude y las reformas que se hicieron al Código Penal que con penas que oscilan entre uno y tres años de cárcel, además de las multas significativas que te pone la empresa distribuidora, pero es muy difícil saber la cantidad de los que llegan hasta juicios”, expresa.
En tanto, Carlos Adán Rodríguez, experto en higiene y seguridad ocupacional, detalla que deben intensificarse campañas en los barrios donde hay conexiones ilegales y hacerle ver a los dueños de esas viviendas los riesgos económicos y a su vida, que significa una mala conexión.
“Los entes reguladores han hecho campañas en diferentes barrios, para poner en orden la distribución eléctrica, pero hay que insistirle a la gente que eso crea un desbarajuste en la distribución de energía, porque puede ser que en un barrio estén 100 familias sin medidor eléctrico y lo que ocurre es que este desbalance hace de que exista peligro de la explosión de un transformador, la baja de energía o corte de energía debido a este consumo que no está considerado en las líneas donde se hizo el cálculo real con las casas que tienen el medidor”, insiste.
Un caso reciente
Los expertos afirman que en estas situaciones quienes se prestan a realizar estas conexiones ilegales generalmente no cuentan con los equipos de protección necesarios, y al ser contratados de forma verbal, quienes les pagan por el servicio no están obligados a resarcirles por daños si sufren algún percance.
“Nosotros podemos ver que no tienen ni los equipos de protección personal, ni el equipo para hacer un ascenso o un descenso en un poste, no cuentan con los materiales de protección, ni saben ni cómo van a empotrar la energía que están ellos sustrayendo de allí a un área domiciliar”, remarca Rodríguez.
Hernández señala que la persona que hace el trabajo debe estar consciente de los riegos y exigir algún contrato escrito, de lo contrario cualquier lesión o muerte queda impune.
“Entonces por lo general aquí los familiares no pueden pedir que le sea resarcido el daño, aquí lo que hacemos según el Código Penal es que queda una pena moral”, indica.
El pasado fin de semana el ciudadano Róger Andrade Jáenz Escoto, de 42 años de edad, falleció electrocutado en el barrio San Sebastián, en el municipio de Tipitapa, departamento de Managua, donde fue contratado para realizar una conexión eléctrica ilegal, por la cual recibiría un pago de 200 córdobas.
Testigos afirman que el hombre subió a una escalera para alcanzar la cima de un poste del tendido eléctrico, donde hizo contacto con un cable de alta tensión, la fuerte descarga provocó que cayera desde una altura aproximada de seis metros, impactando contra el suelo en una calle de tierra.
Su muerte fue inmediata, según indicaron las personas que llegaron al lugar tras el accidente.
