Félix Maradiaga, foto cortesía de La Prensa

Félix Maradiaga, foto cortesía de La Prensa

“Es represión selectiva”, asegura IEEPP sobre acusaciones contra Félix Maradiaga

El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas y su junta directiva rechazaron de manera contundente las acusaciones de la Policía Nacional en contra de Félix Maradiaga


El pasado martes 5 de junio, la Policía Nacional señaló a Félix Maradiaga, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) de estar vinculado a la supuesta agrupación criminal denominada “Viper”, organización que se presume estuvo detrás de varios delitos que se ejecutaron en el marco de las protestas cívicas que iniciaron desde el 18 de abril.

El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas y su junta directiva rechazaron de manera contundente las acusaciones de la Policía Nacional en contra de Maradiaga y calificó a esta acción como una represión selectiva emprendida por el gobierno en contra del director ejecutivo del IEEPP.

“Rechazamos dichas acusaciones por ser manifiestamente infundadas y arbitrarias, mismas que sólo se explican como parte del proceso de incremento irracional de una represión selectiva emprendida por el gobierno de Nicaragua en contra de todas aquellas personas que han alzado su voz crítica y se han sumado a las protestas contra el régimen”, dice el comunicado oficial que emitió el IEEPP.

“La incriminación antojadiza, infundada y arbitraria realizada contra el director ejecutivo de una institución académica, pretende generar miedo en la sociedad nicaragüense y especialmente en la comunidad científica y académica, intentando así acallar las voces que se encuentran denunciando en los foros internacionales la violencia y represión emprendida por el gobierno de Nicaragua y constituye una clara violación a las peticiones y recomendaciones realizadas por la CIDH y otras entidades internacionales”, señala el documento.

Maradiaga ha sido una de las voces más críticas que se han elevado desde la sociedad civil hacia el gobierno del presidente Daniel Ortega, cuya administración ha sido señalada de graves violaciones de derechos humanos en el marco de las manifestaciones cívicas.