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Foto Cortesía

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Pandemia incide en aumento del trabajo infantil en Nicaragua, dicen organismos

En mucho de estos casos los padres de familia se encuentran cerca del lugar donde existe la labor infantil.


Organizaciones defensoras de los derechos de la niñez reconocen que la pandemia del Covid-19 aumentó el trabajo infantil en Nicaragua pues cada vez es más notoria la presencia de niños, niñas y adolescente en los semáforos de la capital que realizan actividades laborales.

El Código de la Niñez y la Adolescencia castiga este tipo de actos.

Marvin García, Coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia (Codeni), expresó que a pesar de la existencia de este marco jurídico su aplicación es casi nula debido a que en todo el 2020 ninguna persona fue procesada por este delito.

“Las instituciones públicas tienen todo ese marco jurídico que lo pueden implementar, el Estado y las instituciones públicas o privadas, de la familia y la comunidad tiene que garantizar la protección de los niños y adolescentes que se encuentren en situación de explotación económica. El código penal es categórico en el artículo 161 en condenar la utilización de niños y adolescentes o personas de la tercera edad para ejercer este tipo de trabajos y se enfrentan de entre uno a tres años.”, dijo García.

Adilia Salinas, diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), y quien forma parte de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia, manifestó que ante el aumento del trabajo infantil las instituciones del Estados deberían crear una comisión multisectorial para eliminar este flagelo.

“El Código de la Familia manda al Gobierno a crear estas comisiones para tratar el tema, pero hasta el momento ningún delegado del Ministerio de la Familia, del Ministerio de la Mujer o del Ministerio de la Juventud hace esa labor de mapeo de los casos”, afirmó Salinas.

Otras causas que pueden incidir en el aumento del trabajo infantil son la actual situación económica del país y la permanencia de la situación sociopolítica derivada de las protestas de 2018.

“Sumemos a eso los dos huracanes Eta e Iota que sumieron a varias zonas del país en la pobreza, debemos recordar que 70% de la población vive del comercio informal, además de las cifras del desempleo”, agregó García.

Alfredo Lacayo es un ciudadano que se dedica a la venta de cocos en un semáforo de Managua y se ve obligado a llevar a sus cinco hijos porque no tiene con quién dejarlos para su cuidado.

“Yo no los pongo a trabajar, los traigo para poder cuidarlos porque no tengo el dinero para pagar quien me los cuide, ya ahorita que vuelvan las clases pues veremos cómo le hago para por lo menos al más grande pueda seguir estudiando por la tarde mientras en la mañana me cuide a los pequeños que no están en edad de escuela”, mencionó Lacayo.

Eduardo Solórzano, experto en políticas públicas, recordó que ante casos como el de Lacayo, algunas organizaciones no gubernamentales tenían programas para cuidar a niños y niñas con padres de familia que trabajaban de manera informal, pero estas organizaciones fueron cerradas por el Gobierno o por presentar problemas económicos.

“En el Hogar Zacarías Guerra recuerdo que los padres dejaban a sus hijos e hijas todo el día con el compromiso de que por la tarde los irían a traer, ese hogar se ofrecía a darles educación todo el día y era bien recibido porque la idea era que no estuvieran esos niños en las calles”, agregó Solorzano.