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Ley de protección animal no está reglamentada desde hace 12 años

Sin este reglamento, los agresores no tienen mayores consecuencias legales que la reparación de daños económicos.


La ley 747, Ley de Protección y Bienestar de los Animales Domésticos y Animales Silvestres Domesticados en Nicaragua, a pesar de que tiene 12 años de haberse aprobado (2011), las instituciones públicas siguen sin elaborar el reglamento que lleve a la cárcel a quienes atenten contra la vida de un animal.

Esto provoca que los dueños de una mascota víctima de alguna agresión de parte de un tercero, solamente pueda abocarse a la Policía Nacional a fin de llegar a una mediación y aplicarle sanciones económicas, sin más consecuencias legales para el agresor.

“No está reglamentada porque los legisladores no han querido hacerlo, a pesar de que hay muchas organizaciones protectoras de animales pidiéndolo, lamentablemente solo se especifican sanciones contra los dueños de los animales, igualmente el Código Penal de Nicaragua, establece sanciones pecuniarias (castigo en forma de dinero que se impone al condenado ante un hecho punible) para los agresores de animales, en este caso esto necesitaría una reforma porque solo castiga con multas, no hay consecuencias más graves”, detalló Norman Moraga, abogado y notario público.

Si la Ley se encontrara reglamentada, se crearían sanciones directas para llevar a la cárcel a quienes cometen este delito o aplicarles multas más severas a los agresores y habría más instituciones a cargo de esta problemática, obteniendo un mayor alcance en el país, con el objetivo de erradicar la violencia y agresión en contra de los animales.

“Si es una lesión grave, se puede interponer la denuncia a las autoridades competentes, en este caso a la Policía Nacional, debe llevar videos, pruebas de las lesiones, y testigos para acusar a la persona que haya cometido estas acciones, pero con esto solo se llega a una mediación para el sujeto pague los medicamentos o clínicas para la recuperación de la mascota, si se reglamentara esta ley se verían involucradas muchas instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio Agropecuario en conjunto con la Policía Nacional y se aplicarían mayores sanciones, pero mientras no se tome acción esto va a seguir en el aire”, señaló Moraga.

El caso más reciente trata de una perrita embarazada que fue operada luego de que un hombre aún de identidad desconocida le dejó incrustado un cuchillo en su cabeza, tras una radiografía se descubrió que el cuchillo se encontraba a 3 centímetros de causarle la muerte, este hecho fue registrado en una zona rural del departamento de Masaya.

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