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Machu Picchu será vigilado con cámaras de seguridad desde el próximo miércoles

Según el comunicado, un total de cinco cámaras serán instaladas por las autoridades peruanas.


El sitio arqueológico de Machu Picchu, en la región peruana del Cuzco, será vigilado desde el próximo miércoles con cámaras de seguridad, informó este sábado un comunicado oficial.

El Ministerio de Cultura indicó que la instalación de estas cámaras fue uno de los anuncios que hizo la ministra Leslie Urteaga el pasado jueves ante el pleno del Congreso, que la interpeló por haber entregado a una empresa privada la venta de entradas a Machu Picchu.

Según el comunicado, un total de cinco cámaras serán instaladas por las autoridades peruanas en la entrada y salida del sitio arqueológico, así como en la entrada del Centro Cultural, la boletería y en el auditorio del pueblo de Machu Picchu, donde se venden las entradas de manera presencial.

Los equipos se usarán "para brindar mayor seguridad a los visitantes" y contarán con sensores infrarrojos con un alcance de 300 metros, visores nocturnos, detectores de rostro, conexión a Internet y limpiador incorporado, detalló la información.

"Se vienen implementando cámaras de vigilancia y se van a instalar geoblocks (herramientas de material sintético para evitar el desgaste de los suelos por el alto tránsito) y otras medidas de protección de los pisos arqueológicos, y diversos trabajos de conservación para mitigar el impacto", sostuvo.

Durante la presentación de Urteaga, defendió la decisión de haber otorgado a una empresa privada la venta virtual de las entradas para Machu Picchu porque, según dijo, el anterior sistema estatal estaba "plagado de irregularidades, desorden y corrupción".

La ministra aseguró en su momento que la renovación del sistema de venta de boletos ha permitido recaudar hasta el momento más de 38 millones de soles (10,2 millones de dólares).

Informó, además, que el pasado miércoles se creó una mesa técnica para la implementación de una nueva plataforma de venta de boletos administrada por el Estado, tras haber dejado sin efecto la venta mediante la empresa privada ante las protestas de pobladores y operadores turísticos de Machu Picchu.

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