Imagen referencial / Cortesía
Cosep denuncia competencia desleal con la creación de empresas estatales para controlar el negocio del petróleo
El Gobierno de Nicaragua creó cuatro nuevas empresas que asumirán el negocio de los hidrocarburos
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), denunció que la creación de las cuatro empresas estatales por parte del Gobierno, para centralizar el negocio de los combustibles, genera en el país una competencia desleal hacia el resto de empresas que se dedican a estas actividades económicas.
“Como Cosep estamos viendo que estas cuatro empresas tendrán el privilegio del pago de todo tipo de tributos fiscales, así como estar exentos de todos los tributos de importación y compra de maquinaria y equipos, mientras el resto de empresas deben cumplirlas, eso las deja en desventaja”, afirmó el presidente de Cosep, José Adán Aguerri.
La Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, Ley 387, estipula que las empresas privadas o en sociedades, deberán pagar impuestos ante la Dirección General de Ingresos y ante las autoridades municipales correspondientes.
La Empresa Nacional de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (ENIH), la Empresa de Planteles de Almacenamiento y Distribución de Hidrocarburos (Eniplanh), la Empresa Nicaragüense de Gas (Enigas) y la Empresa Nicaragüense de Importación, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos (Enicom), son la cuatro empresas que creó el Gobierno de Daniel Ortega, para controlar el negocio de los combustibles.
Hasta el momento se desconoce de donde sacó el Gobierno los fondos para la creación de estas cuatro empresas, las cuales sustituirán a Alba de Nicaragua (Albanisa) y la Distribuidora Nacional de Petróleos (DNP Petronic), las cuales fueron sancionadas por Estados Unidos el año pasado.
El presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua Sergio Maltez, asegura que con la creación de estas nuevas empresas, el Gobierno busca esquivar las sanciones a las empresas que administraban este negocios y le permitiría seguir teniendo el control del negocio de las importaciones de hidrocarburo y gas licuado.
La creación de estas empresas fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 11 de febrero, luego que el presidente Daniel Ortega hiciera la solicitud con carácter de urgencia.
