Nuevos diputados del Parlamento Europeo solidifican su posición de condena hacia Gobierno de Nicaragua

“El Parlamento Europeo ha sido claro y no van a apoyar a un país en el que el Gobierno sigue violando los derechos humanos", según el analista Edgar Parrales.


Para el exembajador Edgar Parrales, las elecciones de nuevos diputados para el Parlamento Europeo solidifican la posición de esta organización sobre la condena para los crímenes cometidos por el Gobierno de Nicaragua contra protestantes antigubernamentales y genera avances en sanciones individuales para la cúpula del Estado o con daños colaterales para la población.

“Ellos ya se han dado cuenta de la gran tragedia que estamos viviendo, cuando estuvieron los eurodiputados en las cárceles del país, ahora al tener una mayor participación y continuar con la misma política, serán más beligerantes contra (el presidente) Ortega”, aseguró Parrales.

“El Parlamento Europeo ha sido claro y ellos no van a apoyar económicamente un país en el que el Gobierno sigue violando los derechos humanos y destruyendo el provenir de sus ciudadanos”, expresó el exembajador.

Para el exembajador Mauricio Díaz, la principal pérdida económica para Nicaragua ante una sanción sería provocada por la salida del país del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, que trae beneficios de importación y exportación desde el llamado viejo continente.

“Esto afectaría mayormente el comercio y se perdería al tercer mercado de exportación con el que cuenta Nicaragua, quedaría afuera de toda cooperación e inversión extranjera europea para el progreso del país, además de dispensas fiscales y de impuestos que tiene en ese continente cuando se importa cualquier producto”, comentó Díaz.

Los expertos afirman que para detener esta condena del Parlamento Europeo por los crímenes de lesa humanidad, el Gobierno de Nicaragua debe sentarse nuevamente en la mesa de negociación con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, pero además cumplir con los acuerdos firmados, como es la liberación de los presos políticos, reformas a la Ley Electoral y devolución de las garantías ciudadanas.