El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó este viernes una lista de 4 funcionarios nicaragüenses a ser sancionados por ser partícipes en actos de violencia de los derechos humanos en el cotexto de la crisis nacional que atraviesa el país desde abril de 2018.

Los sancionados son:

• Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional.
• Sonia Castro, Ministra de la Salud.
• Orlando Castillo, director general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
• Óscar Mojica, director del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).

A estas sanciones se sumó el Gobierno de Canadá. Además de los 4 funcionarios, aplicaron un castigos por las constantes violaciones de derechos humanos a la vicepresidente de Nicaragua Rosario Murillo, al secretario de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno; al hijo de la pareja presidencial que funde como asesor para inversiones, Laureano Ortega: al jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, y al asesor en temas de seguridad Néstor Moncada.

Razones

El Gobierno de los Estados Unidos explicó que en el caso de Orlando Castillo, quien maneja Telcor, será sancionado por utilizar dicha institución para reprimir la libertad de expresión.

"Telcor ha sido utilizado por el presidente Ortega y Castillo para silenciar medios de comunicación independientes, incluyendo al medio opositor 100 % Noticias", destaca un comunicado del Departamento del Tesoro de EEUU, asimismo señala que la organización ha participado en acciones que atentan contra la paz, la seguridad y la estabilidad de Nicaragua.

Óscar Mojica, "en televisión nacional promovió bajo el régimen de Ortega el exilio, la cárcel o la muerte como una estrategia para silenciar a la oposición".

Estados Unidos señala además que Mojica maneja una parte significativa de las finanzas oficiales y personales del presidente Ortega y la Vicepresidente Rosario Murillo, que incluyen inversiones en el sector comercio y agricultura.

Sonia Castro, a través del Ministerio de Salud (según el gobierno norteamericano) se ha visto envuelta en acciones significantes de violaciones hacia los derechos humanos de los nicaragüenses.

“El Ministerio de la Salud se rehusó a brindar tratamiento a las víctimas de la violenta represión, provocando aumento de lesionados y incluso llevó a la muerte de ciudadanos debido a la falta de atención médica”, es parte de la denuncia de EE.UU

“Trabajadores de hospitales estaban bajo las órdenes de reportar a los protestantes a parapolicías quienes los sacaban de los hospitales, resultando en desapariciones forzadas”. Otros trabajadores estaban amenazados y aquellos que atendieron a protestantes fueron despedidos por no cumplir las órdenes del Ministerio de la Salud.

Finalmente, Gustavo Porras es señalado por manejar “una institución que ha promulgado acciones o políticas que socavan los procesos o instituciones democráticas en Nicaragua”.