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Ambientalistas recomiendan a Nicaragua y Colombia unir esfuerzos para proteger ecosistema marino
Ambos países tienen una disputa por una aérea marítima en el mar Caribe
Ante la "enérgica protesta" que presentó el Gobierno de Colombia por la aprobación de una ley para la creación de la "Reserva de Biosfera del Caribe Nicaragüense", por parte de las autoridades nicaragüenses, ambientalistas recomiendan a ambos países unir esfuerzos para proteger el territorio.
Las autoridades de Colombia lamentan que Nicaragua "incluya y califique porciones del mar Caribe como si fueran parte de su territorio".
"Colombia rechaza que, bajo el pretexto de una medida de protección ambiental y en contravía del derecho internacional, Nicaragua incluya y califique porciones del mar Caribe como si fueran parte de su territorio", expresó la Cancillería colombiana en un comunicado.
El título de "reserva de biosfera" no fue otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), como de costumbre, sino que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el 28 de enero la creación de la "Reserva de Biosfera del Caribe Nicaragüense".
Para Raomir Manzanares, activista ambiental e integrante del Club de Jóvenes Ambientalistas, en lugar de un posible conflicto entre Nicaragua y Colombia, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por este caso, ambas naciones deberían buscar asesoría de la Unesco y trabajar juntos para la protección del territorio.
“Hay mayores preocupaciones en las que estos países deberían de trabajar porque existe en esta reserva marítima la amenaza de la pesca ilegal y la contaminación a nuestro océano. En esa zona hay actividades que dañan nuestro diverso ecosistema y creemos que ahí deberíamos de desarrollar una gobernanza de los océanos para proteger nuestras especies”, dijo Manzanares.
La reserva de biosfera nicaragüense recién creada es la más extensa del territorio, ya que con sus 44.157 kilómetros cuadrados supera a Bosawás (de 21.815 kilómetros cuadrados) y a Ometepe (de 500 kilómetros cuadrados). Dicho territorio se encuentra al oeste de la reserva de biosfera Seaflower de Colombia, que sí fue declarada como tal por la Unesco en el 2000.
Según Colombia, la creación de esta reserva "no cumple con los requisitos y procedimientos internacionales para el reconocimiento de áreas y lugares de especial interés y protección ambiental".
"Es una decisión unilateral de Nicaragua que desconoce la existencia y logros en términos de protección ambiental de la Reserva de Biosfera Seaflower, declarada como tal desde el año 2000 por la Unesco", añadió el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.
De acuerdo con Víctor Campos, director del Centro Humboldt, las reacciones de ambos países ante esta situación, es contradictoria, ya que las dos naciones dieron concesiones para la explotación a empresas petroleras.
“Nicaragua a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha puesto a disponibilidad de empresas áreas para ser concesionadas para hidrocarburos, que están dentro del territorio decretado como reserva, entonces o se va a explotar petróleo o se va a conservar la reserva, son dos cosas incompatibles”, manifestó Campos.
Según un informe del Centro Humboldt, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), actualmente no cuenta con el presupuesto necesario para la atención de este sitio, mientras tanto el embajador de Colombia en Nicaragua, Alfredo Rangel Suárez, en entrevista a Blu Radio de Colombia, criticó la decisión del Gobierno nicaragüense.
“Es como si el vecino de la casa viniera y dijera de un momento a otro, de manera inopinada: ‘la mitad del patio de su casa es mío'”, declaró el diplomático.
Colombia y Nicaragua están enfrentados en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la delimitación de la plataforma continental, ubicada a más de 200 millas náuticas de la costa nicaragüense.
La actual controversia es una continuación de otra ya decidida por el alto tribunal de la ONU en noviembre de 2012, que estableció los límites marítimos entre ambos países y se consideró más favorable para Nicaragua que para Colombia.
Aquel fallo confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor de la que tenía anteriormente.
Nicaragua quiere ahora que la CIJ establezca la delimitación y las reglas del Derecho Internacional que se deben aplicar sobre una plataforma continental situada a más de 200 millas náuticas de su costa, cuestión sobre la que no se pronunció en 2012.
En ese sentido, el Gobierno colombiano considera que "la declaratoria representa un intento más por parte de Nicaragua de generar hechos ante la Corte Internacional de Justicia, con el objetivo de aparentar cumplimiento y respeto por las normas sobre derechos humanos y medio ambiente".
