Imagen referencial / Cortesía
La ANRS es un "atentado contra la empresa privada", afirma médico
El Gobierno de Nicaragua solicitó la creación de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria
La Unidad Médica Nicaragüense teme que la aprobación de la iniciativa de ley para la creación de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria (ANRS), tenga serias repercusiones para las empresas privadas vinculadas al sector salud.
De acuerdo a la iniciativa de ley presentada el pasado martes ante la Asamblea Nacional, la ANRS además de tener el control y regulación sanitaria de todos los servicios de salud de carácter comercial, establecerá tarifas por la prestación de estos servicios de acuerdo al artículo 7 de dicha iniciativa de ley.
Si bien la iniciativa todavía no ha sido aprobada ni reglamentada, el doctor José Luis Borgen, de la Unidad Médica Nicaragüense, la calificó como “un atentado contra la empresa privada, una legación de la centralización o control que ya tiene el partido de Gobierno en el sector salud y una herramienta que puede ser aplicada con sesgo político".
La nueva entidad pública podrá regular y controlar las importaciones, exportaciones, comercialización, almacenamiento, distribución, promoción, prescripción y dispensación de medicamentos, productos cosméticos e higiénicos, alimentos y bebidas.
“El fin recaudatorio de esta ley es precisamente porque ya no hallan de dónde sacar fondos para mantenerse como Estado”, señaló el médico, quien además considera que la ANRS se prestaría para “coimas, sobornos a las industrias médicas, farmacéuticas y a cualquier empresa que importe productos necesarios como los productos de cardiología, los productos oncológicos, grandes cosas que se utilizan para a la atención de pacientes muy especiales”.
Asimismo, la regulación, control y revisión de la ANRS se extenderá, según la iniciativa, a la publicidad de los productos y servicios vinculados a la salud, la supervisión de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas de consumo humano.
De acuerdo al documento presentado ayer martes, la ANRS tendrá la facultad también de regular y supervisar la organización y funcionamiento de establecimientos comerciales de bebidas y alimentos, proveedores de servicios de salud públicos y privados, establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos empresas o establecimientos que presten servicios de desinfección, saneamiento estructural o habitacional con plaguicidas, sustancias toxicas, peligrosas y otras similares.
“Este aparato (la ANRS) puede ser utilizado para registrar a todos los negocios, farmacias, distribuidoras, laboratorios, consultorios médicos, clínicas privadas, o clínicas de garaje como les decimos nosotros, clínicas pequeñas de los barrios; en el sentido de dar todos sus datos y decir hasta su filiación política y en base a eso enviar supervisiones para cerrar, mantener y sojuzgar a estas personas, es un atentado contra la empresa privada. Le puede facultar incluso el poder imponer impuestos al funcionamiento de todos estos establecimientos”, consideró Borgen.
No obstante, Leonel Argüello, epidemiólogo e integrante del Comité Científico Multidisciplinario, difiere y señala que esta iniciativa de ley no es más que una reorganización dentro del Ministerio de Salud (Minsa) de funciones y competencias que ya existían.
Argüello señaló además que la misma iniciativa de ley argumenta que la creación de la ANRS responde a una recomendación del Organización Mundial de la Salud OMS, aunque planteó que para esta iniciativa el Gobierno no estableció ningún enlace o consulta con la sociedad civil.
“Normalmente en otros países vos tenés comités de expertos que asesoran estas cosas (…) tenés que tener comisiones de expertos que son honorarios, que no les estas pagando salarios para que ellos de una opinión independiente a estas instituciones de Gobierno y entonces las instituciones puedan posteriormente derivar sus recomendaciones, eso es lo que no miro yo que existe aquí, más bien es un reacomodo de funciones en una sola instancia del Ministerio de Salud”, expresó.
De acuerdo con la Unidad Médica Nicaragüense, de aprobarse esta iniciativa de ley, también se corre el riesgo de que cercene la Ley 702, Ley Creadora del Colegio Profesional de Medicina y Cirugía de Nicaragua, propuesta para la autoregulación de la calidad de la formación del gremio, que aunque fue aprobada hace más de 10 años permanece engavetada y sin aplicación por falta de voluntad política del gobierno según Borgen.
