Foto Salvador García / VOS TV
Emiten recurso por inconstitucionalidad contra reforma que amplía a 90 días la prisión preventiva
Según expertos la medida violenta la Constitución Política de Nicaragua
El grupo de abogados Defensores del Pueblo, introdujo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un recurso por inconstitucionalidad contra la reforma al Código Procesal Penal, que amplían hasta 90 días la prisión preventiva.
José Antonio López, abogado penalista, explicó que esta reforma da potestad al Ministerio Público, de pedir la detención de cualquier persona que necesite ser investigada.
“Si bien es cierto están reformando el Código Procesal Penal para dar atribuciones al Ministerio Público, pero no reforman la garantía constitucional que habla que son 48 horas para investigar, por eso es que estamos haciendo acto de presencia de interponer este recurso de inconstitucionalidad y recurrir de amparo contra el Consejo de Carrera Judicial por haber emitido el acuerdo 135 en dónde están legislando cuando por imperio de la Constitución Política de Nicaragua establece que el único que puede interpretar y derogar es la Asamblea Nacional”, explicó López.
El experto resaltó que para mantener a una persona encarcelada más de 48 horas también se debió reformar la Constitución Política del país en su artículo 33.
“El artículo 33 de la Constitución Política sigue especificando que un acusado puede ser puesto a la orden de autoridad competente dentro del plazo de las 48 horas posteriores a su detención y no habla de 90 días de investigación antes de enviarlo ante el juez”, manifestó López.
El abogado Julio Montenegro, coordinador de Defensores del Pueblo, señaló que esta ley retoma un sistema inquisitivo que había sido erradicado desde el 2001.
“Cualquier nicaragüense pudiera estar expuesto a un proceso de repente, si se da por situación de delito imprudente, sea porque efectivamente se le pueda imputar un hecho que de repente no ha cometido o bien porque se ha cometido un hecho, pero eso no significa que la persona que ha cometido un hecho delictivo tenga que ser sometida a un proceso que viola las normas y derechos que están previamente establecidos en la Constitución Política”, expresó Montenegro.
