Grupo de abogados sugieren crear Ley de Colegiación
Esta medida surge porque califican como una arbitrariedad que la CSJ abra de oficio procesos disciplinarios cuando cometan algún delito en el ejercicio de sus funciones.
Aunque varias asociaciones de abogados y notarios habían convocado para este jueves a una marcha en rechazo a los procesos disciplinarios que anunció la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la movilización sólo asistió un reducido grupo de profesionales del derecho.
Los abogados y notarios que sistieron a la convocatoria demandaron la creación de una Ley de Colegiación pues califican como una arbitrariedad que la CSJ abra de oficio procesos disciplinarios cuando cometan algún delito en el ejercicio de sus funciones.
"No tenemos esa normativa y no tenemos esa institución que represente al abogado. La corte se esta arrogando un derecho que no le corresponde, ahi están todas las faltas. ¿Por qué están las faltas? Porque los abogados no tienen alguien que los norme, lo dirija,los controle y que realmente ellos puedan rendir informes de su labor", dijo Rosa Adilia Romero, abogada y notaria.
Los abogados y notarios se instalaron en un plantón frente al complejo central de la Policía Nacional en Plaza el Sol, pues también demandan se les permita acompañar a sus clientes a las estaciones de la policía cuando acuden a interponer una denuncia o a realizar un trámite, algo que según los abogados no pueden hacer desde hace varios años por ordenes del poder judicial.
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"Generalmente exigen que sea el ciudadano el que venga a interponer denuncia, siendo que es su derecho auxiliarse de un abogado, él se siente mejor, (la persona que contrata un abogado); se siente bien acompañado con un abogado, ese es su derecho y las autoridades tienen que respetar ese derecho, ademas la Constitución y las demás leyes le dan ese derecho", explicó Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos ( CPDH).
Ante la inconformidad que han manifestado este grupo de abogados, el poder judicial ha sido explícito al recordarles a través de su vocería que desde 1969 se aprobó el decreto 1618 donde la CSJ fue facultada para conocer de oficio los delitos que cometen abogados y acordar la suspensión del culpable, por un término no menor de dos años ni mayor de cinco.
