300 familias reclaman legalización de sus terrenos

Pobladores reclama terrenos, porque creen que fueron estafados por el ciudadano Carlos Jaime Bonilla Mendieta, quien hace 5 años les vendió los terrenos haciéndoles creer que eran parte de una lotificación, cuando en realidad pertenecen a una finca propiedad de su madre, María Auxiliadora Mendieta.


Legalización de sus terrenos es lo que demandan cerca de 300 familias del Reparto Bella Aurora ubicado en las cercanías de Sábana Grande, quienes hoy dicen sentirse estafados por el ciudadano Carlos Jaime Bonilla Mendieta, quien hace 5 años les vendió los terrenos haciéndoles creer que eran parte de una lotificación, cuando en realidad pertenecen a una finca propiedad de su madre, Maria Auxiliadora Mendieta.

"Fuimos engañados. Es una finca, porque ya fuimos al Registro de la Propiedad y aparecen las 10 manzanas de la lotificación a nombre de María Auxiliadora Bonilla Mendieta. Si uno va donde él a pedir respuestas de todas las anomalías, él no da la cara o nos echa a la policía. A mí dos veces me ha asediado con la policía, fui a poner una denuncia a Asuntos Internos en Plaza El Sol", denunció Yadira Leonor Téllez Silva.

De acuerdo al contrato que firmaron, por cada lote de terreno los afectados asumieron un pago de seis mil dólares en cuotas de US$100 mensuales. No obstante, varias de estas familias aseguraron ser objeto de amenaza de desalojo por haberse retrasado con el pago de esta cuota, debido a la crisis política y económica que afecta al país desde el año pasado.

"Cuando una persona ya tiene dos cuotas atrasadas, viene Jaime Bonilla y le cobra el 30%, eso es mensual que lo hace", aseguró Elizabeth Jiménez Mejía, pobladora del reparto.

Otra de las quejas de estos afectados es que por su propia cuenta se han visto obligados a gestionar la conexión de servicios básicos de agua potable, aguas negras y energía eléctrica, a pesar que en el contrato Bonilla se comprometió a garantizar esos servicios.

Para conectar el agua potable, según los afectados, Bonilla solicitó un pago de 150 dólares por familia, no obstante, la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) les aclaró que solo podrán brindar asistencia técnica "siempre y cuando el dueño de la lotificación cumpla con todos los permisos, el aval ambiental, pero eso no lo van a obtener mientras él no legalice las 10 manzanas".