Imagen referencia / Cortesía

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Denuncian “delincuentes infiltrados” entre taxistas de Nicaragua

Piden mayor regulación del gremio para evitar que se sigan cometiendo crímenes.


"Lamentablemente ni la Policía Nacional, ni las alcaldías en los departamentos, ni el Irtramma (Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua) han hecho algún esfuerzo en esta dirección", denunció Almendarez.

El directivo aseguró que este tema lo han planteado a las autoridades desde hace muchos años, sin tener respuesta alguna.
Almendárez asegura que inclusive hace un poco más de cuatro años, las cooperativas de taxi en conjunto con el Irtramma y la Policía Nacional, capacitaron a más de 9,000 conductores (de taxi) y concesionarios, a los que se les hizo una investigación de antecedentes en los registros de la Policía para poder avalar la emisión de un carnet como medida de seguridad para el usuario, sin embargo, esos carnets nunca les fueron entregados por las autoridades.

"Lamentablemente jamás emitieron los carnets, se pagaron casi 4,000 carnets, eso significaba casi medio millón de córdobas que se entregaron al Irtramma y nunca fueron entregados", añadió.

De acuerdo con el presidente de Feniccotaxi, a la fecha el Irtramma no da cuenta de este dinero que el sector taxi invirtió para la emisión de los carnets y en reiteradas ocasiones le han insistido a la entidad reguladora la necesidad de que se establezca un registro centralizado nacional de los conductores de taxis que prestan el servicio.

La situación se agrava porque en el sistema actualmente existen alrededor de más de 4,000 concesionarios individuales que asignan el taxi a cualquier cadete, por esta problemática, a eso se le suma una gran cantidad de taxistas ilegales sin regulación alguna que operan en todo el país, lo que aumenta el riesgo para el usuario porque estos taxistas ilegales operan sin horarios y no se tiene ningún registro de ellos, según Almendarez.

Para garantizar la seguridad de los pasajeros, ha sido política permanente de Fenicootaxi capacitar a sus cadetes y concesionarios, además de exigir el record policial y cartas de recomendación a los cadetes cuando solicitan empleo, pero Almendarez asegura que pese a este esfuerzo que hacen como cooperativas, la mayor responsabilidad de la seguridad del usuario recae sobre las autoridades y el ente regulador.

Ricardo Vásquez, jefe de capacitación del Instituto de Defensa a los Consumidores (Indec) explicó que la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, en su artículo 6 establece que los usuarios tienen derecho a la protección de su seguridad, sus bienes y su vida, cuando hace uso del servicio de transporte terrestre, aéreo y acuático.

Asimismo en la Ley General del Transporte también existe una regulación en materia de seguridad para el usuario.
"Hay que exigirle más a la Policía y a las autoridades competentes en darle seguridad al ciudadano porque andan muchos (delincuentes) desprestigiando este noble trabajo de los taxistas", secundó Vásquez.