Reforma a la Ley 738 no fue debidamente consultada, afirman abogado y ambientalista

La recién aprobada reforma a la Ley 738 que Declara y Define el Sistema de los Cayos Perlas como Refugio de Vida Silvestre, con la que se incluyó a la Cuenca de Laguna de Perlas como parte de la zona de amortiguamiento de superficie marino insular, no fue debidamente consultada, según concluyeron un diputado y un ambientalista.

Con la reforma, según manifestaron diputados sandinistas el pasado martes, se pretende conservar y proteger los recursos naturales y regular su aprovechamiento sostenible en esta zona donde grupos indígenas autóctonos históricamente han subsistido de la pesca.
No obstante, dicha reforma ocurre 10 años después de su creación, sin haberse evaluado antes el impacto que tuvo esta normativa en la última década, refirió Raomir Manzanares, consejero del Club de Jóvenes Ambientalistas, quien lamentó que la modificación aprobada no hay sido consultada.

“No se logró consultar su reforma, no se efectuó una evaluación del cumplimiento de esta misma Ley, de estos 10 años de esta Ley, por ejemplo, en el 2010 la Ley mandataba proteger entre un sinnúmero de especies marinas a la tortuga carey que está en la lista roja de especies en extinción, aún así su carne sigue siendo apetecida y sus conchas para alimentos y artesanías. La urgencia de proteger esta especie se debe a que su población se ha reducido increíblemente en los últimos años”, afirmó Manzanares.

El diputado del partido Yatama, Brooklin Rivera, concuerda en que antes de haberse aprobado esta reforma debió haberse tomando en cuenta una serie de problemas que actualmente afecta el Sistema de Los Cayos Perlas como el arrendamiento de los cayos a turistas, que menoscaba la actividad de pesca para la subsistencia de las comunidades, o que otro de los cayos “esté disponible para almacenar basura”, según el parlamentario.


“Se va incrementando la población de colonos que aparecen por todos lados en estos cayos y sus actividades llevan hasta hacer desaparecer algunos cayos, por lo menos tres han desaparecido porque hay erosiones, porque hay actividades indebidas en la zona. También los pescadores reclaman que cada vez se incrementan más los impuestos de parte de las alcaldías, de tal forma que hay toda una situación de afectaciones que se debía haberse tomado en cuenta en esta iniciativa de reforma”, expresó Rivera.

Para Raomir Manzanares, este trabajo legislativo de reforma a la Ley 738 no necesariamente representa una garantía de protección a la flora y fauna del lugar, “porque los gobiernos regionales tienen pendiente establecer un sinnúmero de normas”.

Manzanares apeló a que tras la reforma, exista una verdadera voluntad política de los dos gobiernos regionales y municipales de la Costa Caribe, así como de las autoridades de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua de hacer cumplir la Ley.

“Esperamos que se detenga de una sola vez los permisos de las exploraciones petroleras, las concesiones de clientelismo partidario a empresas de palma africana y de pesca taiwanesa en la región”, añadió el ambientalista.