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Ley de Ciberdelitos debe amparar a medios independientes, dice experto
La Ley debe aplicarse también a medios independientes, que podrían ser blancos de ataques "online"
Ataques cibernéticos contra medios de comunicación independientes, como el ocurrido a la página web de Radio Corporación el fin de semana pasado, deben ser revisados a fin de aplicar sanciones contra quienes los cometan, de acuerdo a las normas estipuladas en la Ley Especial de Ciberdelitos, indican expertos.
Recientemente, la página web del medio de comunicación Radio Corporación tuvo “una caída”, es decir, la gente que ingresaba al sitio web no podía hacerlo y en su lugar aparecía un video de una de las campañas presidenciales del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Manuel Díaz, experto en marketing digital, manifestó que el artículo 4 de la Ley condena con prisión de uno a tres años y doscientos a quinientos días multa al que intencionalmente y sin autorización o excediendo la que se le hubiere concedido, acceda, intercepte o haga uso parcial o totalmente de un sistema informático que utilice las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El artículo 14 señala que la persona que sin poseer la autorización correspondiente transgreda la seguridad de un sistema informático restringido o protegido, será sancionada con prisión de dos a cinco años y trescientos a seiscientos días multa.
“La Ley entra en vigencia hasta en diciembre, sin embargo, en nuestro marco jurídico hay leyes que condenan estos delitos, en este caso, por ejemplo, el medio de comunicación afectado puede argumentar que ha sido vulnerada su propiedad y puede acusar acusar a la persona señalada de cometer el acto y empezar un proceso legal en su contra”, mencionó Díaz.
El experto destaca que a la Ley Especial de Ciberdelitos se le debe hacer una revisión exhaustiva, pues de momento, considera, es un instrumento de amenaza para activistas opositores.
El analista político Cairo Amador declaró que no solo los medios de comunicación deben denunciar esos hackeos, sino cualquier ciudadano, pero antes es un equipo judicial el que debe preparar un grupo de expertos para atender este tipo de casos para su correcta aplicación.
“Hace falta un reglamento para la operatividad porque estamos entrando en esa etapa del ciudadano digital, hay que regular toda una serie de acciones de este mundo que pueda perjudicar a terceros y cuando digo terceros no solamente es el Gobierno, no solamente son los partidos políticos, sino los individuos. Aquí hay calumnias para los miembros de la oposición, en su vida personal, pero también para el Gobierno”, dijo Amador.
