Unicef

Unicef

Matrimonios a temprana edad frenará crecimiento económico en 2022

Según un informe del Grupo de trabajo del Programa Conjunto Interinstitucional para Poner Fin al Matrimonio Infantil y a las Uniones Tempranas en América Latina y el Caribe.


El crecimiento económico, la medición del índice en equidad de género y el desarrollo sostenible, son pilares que Nicaragua y demás países de la región ponen en riesgo este 2022, ante el incremento de uniones tempranas de adolescentes con personas mayores.

Lo anterior, según una publicación del Grupo de trabajo del Programa Conjunto Interinstitucional para Poner Fin al Matrimonio Infantil y a las Uniones Tempranas en América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unifec), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).

¿Deportaciones expeditas desde EE.UU. frenará solicitudes de asilo de nicaragüenses?

"Una de cada cuatro niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe contrajo matrimonio por primera vez o mantenía una unión temprana antes de cumplir los 18 años. Su prevalencia en la región no ha variado en los últimos 25 años, y sin acciones e inversiones, América Latina y el Caribe (ALC) tendrá, para el año 2030, el porcentaje más elevado de matrimonio infantil", detalla el informe.

En ese sentido, Cepal, advierte que el matrimonio infantil es una violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, que afecta desproporcionadamente y de manera persistente a las niñas.

"Eliminar esta práctica nociva es una meta por cumplir en la región, central para lograr la igualdad de género y el desarrollo sostenible", enfatiza la Cepal.

En aumento

Lo que más preocupa a los autores, es que los porcentajes de niñas y adolescentes varían desde menos del 10% en Jamaica hasta más del 30% en República Dominicana, Nicaragua, Honduras y Belice; y los números podrían ser mayores debido a la falta de datos y porque la información básica sobre matrimonios y uniones tempranas no está disponible en varios países, especialmente en el Caribe, de acuerdo con el estudio.

Otro aspecto que según Cepal, frena el desarrollo económico, es que las niñas y adolescentes casadas o en uniones duplican como mínimo la cantidad de horas de tiempo dedicado al trabajo no remunerado –incluyendo el trabajo doméstico y el tiempo dedicado a los cuidados-, en relación con sus pares niños o adolescentes casados o en unión, y llegan hasta quintuplicar (Ecuador, Guatemala) y hasta octuplicar (República Dominicana) la carga horaria.

En tres países con información disponible (Colombia, Guatemala y México), las niñas y adolescentes casadas o unidas dedican más de 40 horas semanales a este tipo de trabajo, lo que se acerca a una jornada laboral completa.

Para Cepal, los matrimonios infantiles y las uniones tempranas exponen a las niñas a embarazos en la adolescencia, y las cifras para la región indican que la mayoría de las mujeres que contrajeron matrimonio durante su niñez dio a luz antes de cumplir 18 años; 8 de cada 10 lo hicieron antes de cumplir los 20 años y la mayoría de estos embarazos fue no deseado, según el estudio que busca ser un aporte para cumplir los compromisos asumidos por los gobiernos en la meta 5.3.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en la agenda global y regional de género.

Programas insuficientes

Cepal insiste que la existencia de algunas iniciativas y programas públicos es insuficiente frente a la gravedad y consecuencias de esta problemática; más aún, se registran muy pocos avances en la generación de políticas públicas adecuadas e integrales y con asignación presupuestaria, que erradiquen esta práctica nociva.

El estudio recomienda impulsar el compromiso político al más alto nivel; visibilizar la situación de los matrimonios infantiles; rendir cuentas sobre los compromisos asumidos en esta materia; continuar avanzando en los cambios de los marcos legales; garantizar el acceso de niñas y adolescentes a la educación gratuita, universal, sensible al género y culturalmente apropiada, sin ningún tipo de discriminación; romper el silencio estadístico, y asegurar la participación significativa de las niñas y adolescentes, integrando sus ideas y experiencias en programas y políticas públicas.