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Sanción y revisión preventiva a transporte departamental e intermunicipal debe cumplirse, dice experto
Los recientes accidentes de tránsito en los que se han visto involucrados buses del transporte intermunicipal y departamentales, como el sucedido en la cuesta de la Cucamonga, ubicado en Estelí, donde fallecieron 16 migrantes, la mayoría venezolanos, según el extitular del MTI, Edmundo Zúñiga, debe llamar a la reflexión a autoridades municipales y de transporte para ejecutar sanciones preventivas a dueños de transporte y choferes.
Según Zúñiga, no se conocen de suspensiones a un transportista por mala conducta o la eliminación de medio de transporte que esté en mal estado, por lo que existe falta de supervisión del Ministerio de Transporte Infraestructura (MTI).
“Hay que dar la responsabilidad que merece al dueño del vehículo, en segundo lugar, el conductor no puede evadir responsabilidad si el vehículo está en mal estado tiene que exponerle la situación al dueño y si el dueño lo amenaza con despedirlo tiene que recurrir al Ministerio del Trabajo (Mitrab), porque entonces están violentando su derecho de trabajador”, dijo Zúñiga.
Si los conductores están expuestos a exceso de trabajo, según el especialista de confirmarse eso en un accidente de tránsito, la responsabilidad penal debería ser compartida con las cooperativas o dueños de unidades.
En el caso particular de la cuesta de la Cucamonga, el experto afirma que los conductores de camiones y buses sobrecargados, bajan la cuesta a alta velocidad, por lo que cuando quieren usar los frenos, estos ya no le funcionan.
“En el caso de la Cucamonga el problema son las pendientes, hay pendientes muy fuertes en determinados trechos que hacen que los conductores tiendan a acelerar la velocidad cuando vienen en bajada y al no tener la suficiente precaución cuando van ascendiendo, habría que poner más rotulaciones, inclusive mayor presencia policial para que apliquen sanciones”, expresó Zúñiga.
Según el ex titular del MTI, el problema en las carreteras, en su totalidad, sigue siendo la falta de señalización y presencia policial en los tramos considerados de peligro.
“Si en una carretera dice que la velocidad máxima es 80 kilómetros, superar esa velocidad es un delito que debe ser sancionado, pero esa sanción cae hasta que hay un accidente, pero están poniendo la vida en peligro no solo a ellos, sino de otras personas que circulan en su vehículo”, manifestó.
Enrique Picado, coordinador del Movimiento Comunal Nicaragüense, enfatizó que los accidentes de tránsito son un problema de salud pública grave, que es multicausal y que debe ser atendido de forma interinstitucional.
“Frente al desarrollo y los avances que el país tiene, tenemos la política y el planteamiento de responsabilidad compartida, es necesaria la responsabilidad de instituciones, incluso que tienen que revisar y a veces no lo hacen”, refirió.
