Amnistía Internacional: "Presidente y vicepresidenta sabían de las violaciones de DD.HH."

Seis meses han transcurrido del conflicto político en Nicaragua que ha dejado más de 500 personas asesinadas, miles de heridos, más de 300 presos políticos, más de 20 mil refugiados en Costa Rica y un sistema económico agonizante, según el último informe preliminar de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

La crisis que el pasado 18 de abril inició con un reclamo de la población indignada por una reforma a la Ley del Seguro Social, escaló rápidamente en un descontento social generalizado por la respuesta represiva del gobierno en contra de la población hasta convertirse en la peor crisis política registrada en los últimos años.

Amnistía Internacional presentó este jueves en España su segundo informe, al que títuló Sembrando el terror: De la letalidad a la persecución en Nicaragua; en el documento la organización destaca que las autoridades de gobierno “entre ellas el presidente y la vicepresidenta de la República”, estaban al tanto de las violaciones de Derechos Humanos de los ciudadanos realizadas en el marco de la represión gubernamental que vive el país, y que muchas de estas violaciones a los Derechos Humanos se ejecutaron por "orden y control" de estas autoridades.

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Entre julio y septiembre de este año, Amnistía Internacional realizó visitas de investigación en Nicaragua y Costa Rica donde logró documentar 115 testimonios, de estos 25 por violaciones de Derechos Humanos. También se analizaron 80 materiales de video y fotografía.

La organización, en su informe también denuncia, la práctica de detenciones arbitrarias, torturas y uso indiscriminado de la fuerza letal por parte de la Policía Nacional y parapolicías.

Amnistía Internacional ha documentado a policías y grupos parapoliciales armados con fusiles tipo AK; fusiles de francotirador Dragunov, Remington M24 y FN SPR; ametralladoras RPK y PKM, e incluso lanzagranadas portátiles PG-7. “El uso de algunas de estas armas de guerra está prohibido en labores de seguridad pública”, sostiene el informe.