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Imagen referencial / Cortesía

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Multas de hasta 3.6 millones de córdobas para empresas que incumplan la Ley de Consumidores

La reforma y adiciones a la Ley 842, fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 3 de febrero


El Banco Central de Nicaragua (BCN) impondrá multas de hasta 3.6 millones de córdobas a las instituciones o empresas que incumplan con la reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, según el reglamento de la reforma a esta normativa, publicado recientemente en el diario Oficial La Gaceta.

De acuerdo con el documento, las multas van desde C$6,624.45, el equivalente al salario mínimo, hasta 3.6 millones de córdobas, serán pagadas a favor de la Tesorería General de la República, en un plazo de 5 días de conformidad con la categoría impuesta y de reincidir en un periodo de 12 meses, se doblará la cantidad de multas aplicadas previamente.

Para el economista Roger Arteaga, estas multas afectarán directamente a la banca nacional.

“Ahora los bancos pueden conocer las consecuencias de estas multas, es una locura que se establezcan multas de hasta 3.6 millones, que puede afectar sus ganancias, el banco le corresponde recurrir a las instancias correspondientes, buscar una forma de detener este golpe que quiere darle el Gobierno al sistema financiero”, dijo Arteaga.

Las multas serán de leves a graves y muy graves, en las que se castigará a las empresas por negar a los clientes la contratación del producto o servicio y negar la posibilidad de cancelar el producto o servicio contratado.

Negar cancelar o suspender la contratación de los productos o servicios a una persona consumidora o usuaria sin que dicha decisión este jurídicamente fundamentada, así como no respetar la privacidad de los datos de los clientes, será considerado una falta “muy grave”.

“El Gobierno los pone en una esquina (a los bancos) para un propósito de presionarlos, para que se sienten a negociar en las próximas elecciones, para ver como se logra mantener el Gobierno presionando al sector privado y financiero, para que acepte las reformas que está proponiendo el presidente Daniel Ortega”, aseveró Roger Arteaga.

Según Arteaga, las entidades financieras tienen razones para no bridar un servicio, entre estas un cliente mala paga, que tiene demandas de otras instituciones, que tiene conflictos con la justicia o personas o funcionarios sancionados.

“El Gobierno esta tratando de acorralar al sistema financiero nacional, porque con dicha reforma pone a los bancos e una situación complicada, obligando a bridarles servicios a cualquier usuario aunque esté sancionado”, sostuvo el economista.

En el caso de las entidades bancarias, al brindar servicios a las personas o funcionarios sancionados a nivel internacional, se exponen a la expulsión del sistema financiero internacional, debido a que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC), ordena a sus entidades, no establecer relaciones financieras o comerciales con clientes sancionados.