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Estado de Nicaragua toma posesión de universidades privadas nacionalizadas
Las nuevas autoridades universitarias fueron juramentadas en un acto solemne en la nueva Universidad Nacional Politécnica (UNP).
El Estado de Nicaragua tomó posesión este jueves de las seis universidades privadas que fueron ilegalizadas por presuntos incumplimientos y que luego pasaron a manos estatales a petición del Gobierno del presidente Daniel Ortega.
Las nuevas autoridades universitarias fueron juramentadas en un acto solemne en la nueva Universidad Nacional Politécnica (UNP), antes Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), dirigido por el estatal Consejo Nacional de Universidades (CNU), máxima autoridad de estudios superiores en Nicaragua.
Junto con la directiva de la UNP fueron juramentados los dirigentes de la nueva Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, que absorbió a la Universidad Paulo Freire (UPF), la Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), la Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (Uneh).
También juraron las nuevas autoridades de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, que antes del reclamo presidencial se llamaba Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse) y pertenecía a la Diócesis de Estelí (norte).
"Vamos a dedicar esta sesión ordinaria número cinco del 2022 al éxito de la Universidad Nacional Politécnica. También al éxito de la Universidad Nacional multidisciplinario Ricardo Morales Avilés y el éxito de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza", afirmó la presidenta del CNU, Ramona Rodríguez, durante la toma de posesión.
La nacionalización de seis universidades tras la cancelación de la personalidad jurídica a 14 centros de estudios superiores, que afectó a más de 14,000 estudiantes, ha sido objeto de críticas desde el sector estudiantil, académico y de expertos en leyes, debido a los argumentos, el procedimiento y los resultados.
Los diputados de la Asamblea Nacional, argumentaron que tomaron la decisión ante una petición de emergencia del Ejecutivo porque las universidades no habían presentado sus estados financieros al Ministerio de Gobernación.
