Asamblea podría cancelar la personalidad jurídica de otras 100 organizaciones

Una vez más, el diputado Filiberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Paz, Gobernación y Derechos Humanos, envió a la Asamblea Nacional la iniciativa de ley de cancelación de 100 personalidades jurídicas de asociaciones y fundaciones, por incumplimiento de sus obligaciones establecidas en la ley 1115, ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro y su reglamento y ley 977, ley contra el lavado de activos.

"Las asociaciones y fundaciones detalladas en el informe presentado refleja que han incumplido con sus deberes y obligaciones establecidas en la legislación que les regula como organismos sin fines de lucro, obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control del Ministerio de Gobernación", expone el documento.

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La iniciativa expone tres fundamentos legales para efectuar estas cancelaciones, la primera es que no han reportado estado financiero por más de 5 y 25 años conformes periodos fiscales, con desgloses detallados, ingresos y egresos, detalles de donaciones y beneficiario final.

"Juntas directivas acéfalas por más de 5 y 25 años violentando lo establecido en la ley 1115, Ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro, artículo 34, numerales 3 y 27", reza la iniciativa.

Asimismo, según el documento, estás organizaciones no han brindado información de identidad y origen de sus miembros y donantes, cédula de identificación o pasaporte y dirección de domicilio en contra de lo establecido en la Ley 115, artículos 34, 26 y 977, artículo 14.

"La autoridad de aplicación de la ley ha solicitado la cancelación de la personalidad jurídica teniendo como fundamento el artículo 34 de la ley 1115", dice.

De acuerdo con el documento, la entidad reguladora debe cumplir estableciendo medidas que promuevan la transparencia, integridad y confianza pública en la administración y manejo de los organismos sin fines de lucro; identificar acciones efectivas para mitigar los riesgos de LA/FT/FP de las OSFL en conjunto con los sectores correspondientes.

Además, supervisar el cumplimiento de las normativas administrativas que se apruebe en relación con la prevención de los riesgos LA/FT/FP y sancionar su inobservancia.

Esta iniciativa responde a la solicitud del primero de agosto de este año de la licenciada Granja Urey responsable de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación (Migob) que fue remitida a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional.

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