La reforma tributaria fue aprobada en febrero de este año / Jimmy Romero
Wálmaro Gutiérrez recomienda a las empresas que se les cobra 3% de IR, apelar ante el TATA
Empresas denunciaron que la DGI no está cumpliendo con lo establecido en la reforma tributaria
El presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, recomendó a los dueños de pequeñas y medianas empresas afectadas con el 3% del Pago Anticipado sobre la Renta (IR), a acudir al Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo de Nicaragua (TATA) e introducir recursos de apelación, para que la Dirección General de Ingresos (DGI), aplique el IR a como lo establece la reforma a la Ley de Concertación Tributaria.
La semana pasada la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), denunció que la DGI ha estado cobrando el 3% del IR a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, contrario a lo que se estableció en la reforma fiscal, la cual establece que el pago del 1% al 3%, se realizaría dependiendo de los ingresos totales de las empresas, es decir las grandes empresas pagaría el 3% y las medianas y pequeñas, un menor porcentaje, pero se les está cobrando a todas por igual.
“La misma Ley es clara en establecer en que si vos no estas de acuerdo en como se está calculando el pago de un impuesto en la Dirección General de Ingresos(DGI), están los procedimientos legales para recurrir y ese es el TATA”, expresó el diputado.
Wálmaro Gutiérrez además dijo que no creía que fuese “cierto” que a todas las empresas se le está cobrando por igual el 3% del IR.
Desde su aprobación la reforma fiscal ha sido mal vista por la cúpula empresarial al afirmar que la medida tiene como objetivo ser más “confiscatoria que recaudatoria”, debido a que deja a las empresas descapitalizadas, con reducción de su personal y pérdidas en los márgenes de utilidades.
La reforma a la Ley de Concertación Tributaria, además elevó el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto Selectivo al Consumo, bajo un escenario de crisis y recesión económica que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018.
“Estas medidas hacen que las empresas tenga poca capacidad para sostenerse y eso son los impactos reales de la reformas, muchas de ellas para pagar esos impuestos tuvieron inclusive que sacar dinero de su patrimonio, es por eso que decimos que es confiscatoria”, resaltó Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN).
