Imagen referencial / Cortesía

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Upanic denuncia iniciativa de ley que contempla cierre de fincas a productores

Según Upanic, en la iniciativa además de haber muchas irregularidades, no se explican las causas por las que se podrían cerrar las parcelas a los productores


La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), advirtió que la iniciativa de Ley de Protección Fitosanitaria que promueve el Gobierno, trae consigo varias inconsistencias en sus artículos y de ser aprobada generaría obstáculos para comercializar los productos agrícolas en el mercado internacional.

El anteproyecto de ley, le da facultad al Instituto de Protección y Sanidad Agropecuario (IPSA), para que se encargue de sancionar con multas de 100 a 5,000 dólares, a los productores que no se inscriban ante la entidad.

Con esta iniciativa de ley, IPSA también tiene facultad de suspender el establecimiento, es decir cerrar la finca, parcela o espacio para producir.

“Hay inconsistencia en el documento, no se explica la causa que faculta al IPSA a cerrar un establecimiento, lo que estaría generando una gran inseguridad jurídica en el sector agropecuario, uno de los que mueven nuestra economía”, explicó René Oribe, especialista fitosanitario.

Con el anteproyecto de ley, IPSA además de ser el ente encargado de aplicar las multas, podrá ser el administrador de los recursos que recaude.

En la iniciativa también se establecen sanciones a productores que no informen ante las autoridades del IPSA el surgimiento de enfermedades y plagas que puedan desarrollarse en los cultivos de vegetales y plantaciones de café y caña.

Además con este anteproyecto de ley, se permite a las autoridades restringir el ingreso de productos vegetales importados que no cuenten con las normas fitosanitarias que exigiría la nación, permitiendo así un control de la demanda del consumo interno.

René Oribe, recomendó a las autoridades que la iniciativa no sea analizada con los diputados, si no hacer un proceso de consultas con personalidades conocedoras de la ley, que puedan dar un aporte que beneficie las condiciones que se requieren para impulsar el comercio local y externo.

Desde 1998 Nicaragua cuenta con una ley básica de sanidad animal y vegetal, que obliga al sector agropecuario implementar prácticas y mecanismos de salubridad en sus fincas y procesos industriales.